56.000 empresas en Canarias están obligadas a cumplir las nuevas pautas de “buen gobierno”

56.000 empresas en Canarias están obligadas a cumplir las nuevas pautas de “buen gobierno”

Canarias

Los regalos que reciban los administradores y consejeros, que excedan de una mera cortesía, deberán ser autorizados por la junta general de accionistas de la empresa. También sus nóminas deberán estar en sintonía con la situación económica de la compañía, cuya gestión debe regirse por las normas del “buen gobierno”

La Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife y el despacho de abogados “PwC” en Canarias organizan la jornada “La Reforma de la Ley de Sociedades de Capital”, que se celebrará el día 25 de febrero con el fin de orientar a empresarios y profesionales sobre las principales modificaciones de esta ley, que afecta a más del 40% del tejido empresarial de las Islas

El pasado 24 de diciembre entró en vigor la reforma de la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo. El objetivo de esta norma es reforzar la confianza de los inversores y generar valor en la propia empresa a través del buen gobierno.

Santa Cruz de Tenerife 20/02/2015.- Desde el pasado 24 de diciembre, fecha en la que se aprobó la nueva reforma de la Ley de Sociedades de Capital, los regalos que reciban los administradores y consejeros, que excedan de una mera cortesía, deberán ser autorizados por la junta general de accionistas de la empresa. También sus nóminas deberán estar en sintonía con la situación económica de la compañía, cuya gestión debe regirse por las normas del “buen gobierno”, que establece la nueva legislación que afecta a más del 40% del tejido empresarial de las Islas, es decir, a más de 56.000 pymes.

Estas son algunas de las modificaciones que la firma de servicios profesionales PwC en Canarias explicará en la jornada “La Reforma de la Ley de Sociedades de Capital, que se celebrará el próximo 25 de febrero en la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife. Dirigido a administradores y directivos de empresas, el objetivo de este seminario es orientarles sobre las principales modificaciones que introduce la Ley de Sociedades de Capital, que ha reformado en profundidad las atribuciones de los órganos de gobierno y el régimen de la responsabilidad de los administradores empresariales.

El pasado 24 de diciembre entró en vigor la reforma de la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo. El objetivo de esta norma es reforzar la confianza de los inversores y generar valor en la propia empresa a través del buen gobierno. La reforma otorga mayor relevancia a la junta para adoptar decisiones, establece más responsabilidades a los administradores e impone un control sobre sus sueldos.

En este sentido, el socio responsable de los servicios jurídicos de PwC en Canarias, Carlos Saavedra, ha explicado que el objetivo de la jornada de trabajo es dar a conocer los cambios que se establecen con la nueva normativa relativos a la relación existente entre las distintas esferas de la empresa, fundamentalmente accionistas, administradores y ejecutivos, así como otros terceros afectados. “Los responsables de cualquiera de estas áreas deben conocer los cambios normativos, ya que las nuevas modificaciones, además de afectar directamente a sus responsabilidades y a la toma de decisiones, en algunos casos requiere además la modificación de los estatutos de la compañía”, ha manifestado.

La nueva Ley recoge las propuestas realizadas en octubre de 2013 por la Comisión de Expertos de Buen Gobierno y se confía en que la implantación de un sistema eficaz de buen gobierno contribuya al desarrollo y el crecimiento de la economía española, al generar una mayor confianza en las empresas y el sistema financiero. Así, “las normas de buen gobierno, que en origen afectaban solo a las empresas cotizadas, llegan ahora a todo tipo de sociedades, optando el legislador español por la vía imperativa y no tanto por la autorregulación o el autogobierno, que deja más margen de libertad”, según explica Saavedra.

Durante la jornada, que es de carácter gratuito y que se desarrollará de 16:45 a 19:30 horas, alguno de los abogados de PwC en Canarias, Ramón Olarte López-Viota y Yaiza Márquez Delgado abordarán el impacto de la reforma en los Órganos Sociales como son la Junta de Socios/Accionistas y el Órgano de Administración.

“El Régimen de Responsabilidad de los Administradores. Deber de Diligencia y Deber de Lealtad” será otra de las ponencias que conforman esta jornada donde los letrados Carlos Saavedra, Miguel Hernández Lorenzo y el auditor de cuentas Juan Miguel López Luis que explicarán como la norma amplía y regula con mayor detalle los deberes de diligencia y lealtad de los administradores así como alguna de las obligaciones formales que deberán cumplirse a partir de ahora. Entre otros asuntos, la reforma fija que cualquier infracción del deber de lealtad no sólo determinará la obligación de indemnizar el daño causado al patrimonio social, sino que también se deberá devolver a la sociedad el enriquecimiento injusto obtenido. Además, en el supuesto de producirse un incumplimiento por parte de los administradores, los socios de la compañía con una participación mínima del 5% tendrán mayor libertad y podrán iniciar una acción social de responsabilidad contra dichos administradores sin necesidad de someter la decisión a la junta general.

En la jornada que acoge la Cámara de Comercio también se profundizará en la remuneración de los administradores. La abogada senior del departamento laboral de PwC en Canarias, Silvia Pérez Hernández, será la encargada de explicar los cambios que aparecen en el nuevo texto, dónde se indica que el sistema de remuneración debe estar diseñado para promover la rentabilidad y sostenibilidad a largo plazo de la compañía. Además se deberán determinar conceptos retributivos a percibir, como la asignación fija, dietas de asistencia, participación en beneficios, retribución variable, indemnizaciones por cese, así como los sistemas de ahorro.

Concluyendo la jornada, el socio de consultoría de PwC, Tame Davut explicará las responsabilidades y los protocolos de actuación para mitigar riesgos penales, ya que la coetánea reforma del Código Penal va en esta misma línea y estipula nuevos elementos muy detallados para acreditar el nuevo marco de funciones y responsabilidades, todo ello con el fin de definir adecuadamente las nuevas responsabilidades personales de carácter civil y penal para el administrador.