Artículo: El no-presupuesto del hospital del sur. [Toño Linares]
Por Toño Linares.-
Esa infraestructura diseñada por la consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, que tienen la desfachatez de llamar Hospital del sur, que no es otra cosa que un centro sociosanitario, es la construcción de obra pública con más retraso que se ha hecho en Canarias, y cada día vemos como las excusas, al igual que las axilas sin lavar, incrementan su mal olor, o lo que es lo mismo empieza a apestar a corrupción política, con trágicas consecuencias para la población. Desde hace décadas se le recrimina al Gobierno de Canarias que no existe partida presupuestaria para estas instalaciones y, este argumento cobra fuerza cuando vemos que la tramitación parlamentaria no ha cumplido con los requisitos legales para ello, pues aún no se ha debatido, porque no se ha llevado a pleno, la programación plurianual. Documento imprescindible para todas aquellas obras que deben realizarse en más de una año, que al aprobarse, quedan incluidos los créditos financieros para poder ejecutar la obra, por lo tanto no ha existido, ni existe presupuesto para tal obra. Otra de las circunstancias que hace dudar de la legalidad de este proyecto es, que la obra fue adjudicada y, sabemos que para adjudicar una obra pública, debe tenerse asegurada la financiación. Situación que no se da, por las constantes paralizaciones de la obra, alegando falta de dinero y, deudas con la constructora. Hecho que es razonable, al no existir la programación plurianual que es quien le dota de la financiación pertinente. A lo que surge otra duda de irregularidad. ¿Cómo se adjudicó la obra, sin tener asegurada y garantizada la financiación de la misma? Atendiendo a la última información pública, el presupuesto de la obra del Centro Sociosanitrio del Sur asciende a 33.702.930 euros, sin que hasta la fecha se haya informado de cuanto se ha invertido, cuanto es la deuda pendiente y, cuanto es el resto para finalizarla, pero llama poderosamente la atención, que en abril del 2012, en distintos medios se publicase la existencia de una deuda de cinco millones y medios con la constructora. Que el Presidente del ejecutivo canario aseveró que dotaba de tres millones de euros, durante el año 2012, para la construcción de esta infraestructura y, a fecha de septiembre de este mismo año, conociésemos por la prensa, que se adeuda la cantidad de once millones de euros. Algo no cuadra: De los cinco millones y medio de deuda se abonan tres millones y, cinco meses más tarde aparecen once millones de deuda, determinando que durante estos últimos meses se ha ejecutado un trabajo por valor de ocho millones y medio de euros, que resulta difícilmente apreciables a pie de obra. La nueva noticia que se lanza desde el Gobierno de Canarias, es la de dotar de un millón y medio en los presupuestos del 2013, lo que no sabemos si esa partida es para pagar los intereses de la deuda contraída, o para otro fin. También leemos que la Plataforma Pro hospital lo califica de burla, a sabiendas de esta burla es añeja y se esta eternizando, y los alcaldes del PSOE en el sur, dicen que hace falta nueve millones para terminar la primera fase. En fin, que lo que aquí se cocina los hacen varios cocineros, y cada uno con una receta diferente, con el resultado ya conocido. La dilación de estas instalaciones sanitarias precisa de una intervención externa e independiente: “La justicia”, algún fiscal o juez debe intervenir de inmediato. Esto tiene vicio de corrupción. Que aclare si el Gobierno ha obrado correctamente con la adjudicación de las obras. Que se valore el trabajo hecho, las deudas contraídas y, la obra pendiente, para comprobar si se ajusta al presupuesto inicial y, caso contrario exigir responsabilidades penales, si se diesen el caso y, poder exigir responsabilidades políticas. También se puede abrir la ventana de la coherencia, si algún diputado, concretamente del sur de la isla, elevase preguntas en el Parlamento, independientemente si su partido apoya o no al Gobierno, esto podría esclarecer alguna dudas, al tiempo transmitir transparencia con el uso del dinero público.
