El Gobierno se compromete con el CEST a analizar en profundidad los problemas que está generando la actual regulación de la restauración

El Gobierno se compromete con el CEST a analizar en profundidad los problemas que está generando la actual regulación de la restauración

SUR.- Ejecutivo y empresarios comparten la necesidad de unificar los criterios que ordenan las actividades clasificadas y espectáculos públicos
En el transcurso de una reunión celebrada esta mañana, el Gobierno de Canarias ha adelantado al Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife (CEST) la intención de Ejecutivo de modificar el Decreto 90/2010, de 22 de julio, que regula la Actividad Turística de Restauración. En esa dirección, tanto la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes remarcó la oportunidad de lograr una mejor definición de las competencias para, una vez hechas las aclaraciones correspondientes, eliminar la duplicidades que está provocando la redacción actual de dicho Decreto. En esa misma línea, la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad expresó la posibilidad de revisar el Decreto 86/2013 por el que se regula el Reglamento de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos. Entre otros aspectos, en el encuentro mantenido por los representantes del CEST con el Ejecutivo autonómico se pusieron sobre la mesa algunos aspectos del Decreto 90/2010 que, según los representantes empresariales, sin redundar en una mejor prestación de los servicios a los clientes dificulta de forma significativa el normal desarrollo de la actividad. A juicio del Círculo, algunas de las exigencias que hace la regulación complican de forma innecesaria y completamente prescindible el trabajo de empresarios y profesionales. Gobierno y empresarios coincidieron en la oportunidad de que los cabildos insulares asuman un mayor protagonismo con relación a la inspección de bares, cafeterías y restaurantes. En este sentido, el CEST trasladó al viceconsejero de Turismo, Cristóbal de la Rosa, los problemas que están dándose con la normativa relativa a los baños de los establecimientos y su adaptación cuando se cambia la titularidad del mismo, aspecto este último que está analizándose por parte de la Consejería de Presidencia.
En lo que a las prevenciones acústicas se refiere, el CEST trasladó al Gobierno que es necesaria una mejor definición de la reglamentación por ser la ley excesivamente genérica, proponiéndose una reunión en el menor plazo de tiempo posible para unificar criterios con los diferentes ayuntamientos de las principales zonas turísticas. En este sentido, se insistió en que sea un técnico especialista quien se haga cargo de la medición de los ruidos. Por otra parte, en la reunión que han mantenido representantes de la Administración autonómica y empresarios se acordó la eliminación de la obligación de incluir el IGIC en los precios, siempre y cuando se indique en la carta que son precios sin IGIC. El próximo 11 de mayo tendrá lugar un nuevo encuentro para conocer los borradores en los que a partir de ahora trabajarán las consejerías implicadas, con el objetivo de introducir mejoras en los distintos decretos reguladores y en la línea de eliminar duplicidades o, en su caso, con la intención de ceder a los cabildos la competencia de la inspección del reglamento de restauración. Asimismo, se acordó celebrar en breve unas jornadas sobre ocio, en las que expertos en la materia expondrán las singularidades de estas actividades tanto en las zonas turísticas como en las de influencia turística. En este orden de cosas, durante la reunión los representantes empresariales trasladaron las reticencias de los ayuntamientos del Sur respecto a otorgar licencias de bar, restaurante y sala de banquetes con actividad musical, de tal forma que se propuso la celebración de encuentros en los que, con la participación de ayuntamientos, equipos técnicos y jurídicos se analice el reglamento de Actividades Clasificadas. A juicio del CEST, es necesario mejorar la seguridad jurídica en la regulación de estas actividades, así como que se cuente con una sola norma y un solo criterio en las mediciones del ruido, insistiéndose sobre este particular en la oportunidad de capacitar a los profesionales y definir los protocolos de actuación, recordando además que en las áreas turísticas las viviendas deben cumplir también el código técnico de edificación respecto a la insonorización.