La denegación de la atención sanitaria a personas inmigrantes que entró en vigor el 1 de septiembre se aplicará en Canarias
TENERIFE.- El Gobierno de Canarias a través de su portavoz afirma que, respetando el Real Decreto Ley de recortes sanitarios 16/2012 (que excluye a los inmigrantes sin regularizar), van a garantizar que «nadie que lo necesite se quede sin atención médica, aunque esta persona no tenga recursos para pagársela». Es decir, no se comprometen ni más ni menos que lo que dice literalmente el mencionado RDL: «En todo caso, los extranjeros menores de dieciocho años recibirán asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles y a) De urgencia por enfermedad grave o accidente, cualquiera que sea su causa, hasta la situación de alta médica y b) De asistencia al embarazo, parto y postparto». El referido portavoz declara, además, que «están a la espera de la base de datos del Ministerio respecto a qué ciudadanos extranjeros, que hasta ahora han tenido derecho a atención sanitaria pública, dejarán de tenerla». Demagogias aparte, es evidente que del dicho al hecho, para el Gobierno de Canarias, el trecho es lo que tarde en llegar dicha base de datos con sus «instrucciones concretas». Es decir, cuestión de informática que será la barrera insalvable y, por tanto, nada que tenga que ver con una resolución administrativa que garantice la continuidad de la atención sanitaria a las personas inmigrantes en los dispositivos sanitarios del SCS en toda la comunidad, tanto de atención primaria como especializada. De modo que la asistencia sanitaria a inmigrantes en situación irregular se siga prestando como hasta ahora y que cualquier incidencia relacionada con este asunto, deba ser comunicada a los órganos competentes, como pueda ser la actuación de algún profesional que mediante una interpretación personal, deniegue asistencia a personas inmigrantes en nuestra comunidad autónoma. Con ello se respetaría la esencia de los servicios sanitarios en cuanto instrumentos de mantenimiento de la salud, la lógica de la salud pública en lo referente al control de enfermedades transmisibles y la lógica legal que desde la Constitución hacia abajo establece el derecho a la salud para toda la población. También, el Gobierno de Canarias, que dice que «rechaza las políticas regresivas que en materia de Sanidad está desarrollando el Gobierno del PP» y al que pide que «respete el papel y ámbito de decisión de las autonomías», consecuentemente debería desarrollar una normativa sólida que sustente el derecho de la población inmigrante sin residencia en Canarias. Entendemos que existen bases legales para establecer este derecho tanto en el Estatuto de Autonomía como en la Ley Canaria de Salud Pública que propugnamos, y en otras normas y que los servicios jurídicos de la Consejería de Sanidad podrían fundamentar sólidamente en una norma que dé seguridad jurídica a esta prestación. Pero para todo eso hay que ser valiente y el Gobierno de Canarias no lo es.
