Los administradores de fincas se ofrecen a colaborar en la gestión de la Bolsa de Vivienda Joven
TENERIFE.- Denuncian que el programa, que lleva la asociación Provivienda, le cuesta al Gobierno de Canarias 5 millones de euros, cuando los administradores colegiados podrían ahorrarle ese enorme coste Santa Cruz de Tenerife, 31 de enero de 2013. Los administradores de fincas están decididos a ahorrarle dinero a los ciudadanos canarios haciéndose cargo de la gestión de los programas Bolsa de Vivienda Joven y Bolsa de Vivienda Vacía que desde 1998 lleva a cabo la asociación Provivienda y que, en los últimos dos años, ha supuesto un desembolso de 5,1 millones de euros. El colectivo de administradores ya ha solicitado una entrevista con la consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Ejecutivo autonómico, Inés Rojas, a través de Unión Profesional de Canarias, asociación que aglutina a más de una veintena de colegios profesionales del archipiélago; para ofrecerse a colaborar en la gestión de los programas de vivienda. Estos profesionales de la gestión y administración inmobiliaria sostienen que pueden hacerse cargo de los programas a un costo prácticamente cero para el Gobierno, ya que pueden dirigir las bolsas de vivienda desde sus oficinas y dentro de sus servicios profesionales habituales. Para los administradores, destinar millones de euros a la contratación de una sociedad ajena a las islas supone “el despilfarro del dinero de los canarios”, además de una “competencia desleal hacia los administradores de fincas”. Los administradores de fincas aseguran tener la mano tendida al Gobierno canario para ayudarle a dar continuidad, pese a los recortes presupuestarios, a este importante servicio público que ayuda a los jóvenes de entre 18 y 35 años a acceder a una vivienda en alquiler y a los propietarios a poner en el mercado las viviendas desocupadas que forman parte de su patrimonio. La consejera de Vivienda del Ejecutivo autonómico ya ha adelantado que el Plan de Vivienda de Canarias 2013-2016 impulsará medidas que favorezcan el alquiler, al hilo de lo anunciado por el Estado que quiere impulsar el alquiler como alternativa al mercado de la propiedad, objetivo en el que coincide el colectivo de profesionales de la administración de fincas.
