Los colegios de Trabajo Social de Canarias denuncian la derogación encubierta de la Ley de Dependencia
Alertan de que se sobrecarga de nuevo a las familias con el cuidado de las personas dependientes y se devuelve a España a niveles asistenciales de beneficencia
Tenerife.- El Colegio Oficial de Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife y el Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Las Palmas denuncian la derogación encubierta de la Ley de Promoción de Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia (más conocida como Ley de Dependencia) mediante el real decreto aprobado por el Gobierno central el pasado 13 de julio. Alertan de que este Decreto reduce el sistema estipulado en la Ley a la mínima expresión y carga de nuevo sobre las familias el cuidado de las personas en situación de dependencia sin apoyo alguno. Los colegios exigen al Gobierno Central que cualquier medida de modificación de la Ley De dependencia se lleve a cabo mediante su tramitación, debate y aprobación en el Parlamento y reclaman que se lleven a cabo con un nivel de consenso similar al menos al que se logró en su aprobación. Asimismo, instan al Ejecutivo a que no aplique los recortes en la financiación estatal del nivel acordado de la Ley de Dependencia, que suponen detraer 283 millones en todo el Estado. Por estas razones, han elaborado un pronunciamiento conjunto que han remitido al Gobierno de Canarias y a los ayuntamientos para solicitar que se sumen y apoyen sus reivindicaciones. En el texto desgranan el retroceso que se ha producido en la aplicación de la Ley, que devuelve a España a prácticas asistenciales predemocráticas y de beneficencia en relación con los países europeos de nuestro entorno. El pronunciamiento destaca como especialmente inútiles y sangrantes las siguiente medidas adoptadas por el Gobierno central: La ampliación a dos años del plazo para resolver las ayudas hará que decenas de miles de dependientes mueran sin atención. (3 de 4 beneficiarios son mayores de 65 años, y el 54% mayores de 80) El incremento de las aportaciones de los usuarios y los descuentos sobre las prestaciones a percibir, que llevan al límite de la capacidad real las economías familiares. El copago incrementa de manera importante las aportaciones y afectará al patrimonio de las personas dependientes provocando la descapitalización de las familias. La eliminación de las compatibilidades entre servicios, que impide la complementariedad entre servicios y la necesaria flexibilidad y atención personalizada a las personas dependientes. La reducción de la cuantía de las prestaciones económicas por cuidados en el entorno familiar en un 15%. En este sentido, destacan que el Ministerio se ha permitido incluso criminalizar a los familiares que atienden a las personas dependientes hablando públicamente de “fraude” en estas prestaciones, poniendo en duda la dedicación y el afecto que proporcionan cientos de miles de familiares de afectados en España. La reducción afecta a 435.180 personas que verán reducidas las prestaciones que reciben una media de 55 € al mes. En Canarias las personas afectadas ascienden a 6.595 personas. Además, el Estado deja de financiar la Seguridad Social de los cuidadores familiares que afecta a 180.000 personas (el 94% mujeres). En este sentido, 2.879 personas de canarias dejarán de formar parte del Sistema de cotización de la Seguridad Social. En materia de financiación del sistema, se reduce el nivel mínimo en más de un 13%. A los 283 millones recortados del nivel acordado, debemos sumar otros 200 millones de reducción en el nivel mínimo garantizado y 227 millones de cuotas de seguridad social de cuidadores que se dejarán de abonar. En Canarias son casi 12.000 personas en situación de dependencia que están recibiendo algún tipo de prestación, todas ella verán de una forma u otra aumentada su desprotección tras la aprobación de este Decreto Ley. Con estos argumentos, los colegios de Trabajo Social de Canarias concluyen que todas estas medidas, además de suprimir niveles, bajar intensidades y eliminar incompatibilidades, suponen de manera inmediata un recorte de 1.000 millones de euros y la desatención a los más de 270.000 del ‘limbo de la dependencia’ – personas que se les ha reconocido el derecho y están pendientes de recibir la prestación o servicio‐ que no recibirán ayuda en los próximos dos años y medio, por lo que se puede afirmar con absoluta desolación que el descuartizamiento de la Ley de Dependencia supone el fin del mayor avance en protección social que se había producido en España en los últimos años.
