Según CC, el Alcalde Juan Gorrín carga a las arcas Municipales el importe de una fianza que le impone la justicia.
El Juzgado de Instrucción nº 5 de Arona, le impuso una fianza de 8.000€ ante la apertura de juicio oral por un presunto delito de injurias
S/TEIDE.- El alcalde de Santiago del Teide, Juan Gorrín, en un hecho sin precedentes, ha solicitado a la junta de Gobierno local, con carácter de urgencia, asistencia letrada y un aval de ocho mil euros para hacer frente a la fianza impuesta por el Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Arona, ante la apertura de juicio oral contra el alcalde por presuntos delitos de injurias, prevaricación y responsabilidades pecuniarias. El auto emitido por el juzgado sureño, fechado el 17 de diciembre de 2012, requiere al Juan Gorrín que “preste fianza por valor de 8.000€ para asegurar las responsabilidades de tal naturaleza que pudieran serle impuestas, con apercibimiento de que, en caso de no verificarlo, se procederá al embargo de sus bienes”. En ningún caso los hechos que se le atribuyen al mandatario tienen que ver con el ejercicio de su cargo o decisiones que haya tomado, sino con unas manifestaciones realizadas en prensa escrita, algo que queda claro en el apercibimiento de embargo de sus bienes que realiza explícitamente el magistrado. Pese a ser un asunto personal y todavía por juzgar, el alcalde dio traslado del asunto a la Junta de Gobierno Local, celebrada el 11 de enero de 2013, como punto de urgencia, aprobándose “asumir la defensa y representación” del alcalde y “avalar a Don Juan Damián Gorrín Ramos (…) en la constitución de fianza para las posibles responsabilidades pecuniarias que pudieran requerírsele (…) cuantificada en 8.000€ con la suscripción del correspondiente aval en la entidad financiera CAIXABANK”. Tal decisión, que afecta a las arcas municipales, contó con el voto favorable de Emilio Navarro, Guillermo Évora, Ibrahim Forte, Vanesa Sánchez y Heller Abreu. El grupo municipal de Coalición Canaria, respetando escrupulosamente la presunción de inocencia, entiende que los hechos que se enjuiciarán en breve no tienen que ver con la gestión municipal, sino con declaraciones públicas del alcalde a un medio de comunicación, por tanto debe ser él, personalmente, quien responda de lo que dice o deja de decir, como le requiere el juez, y no cargar al dinero de todos los vecinos del municipio las consecuencias de sus actos. El portavoz nacionalista, Jonathan Martín Fumero, resalta que “esperamos que, por responsabilidad, el alcalde y la Junta de Gobierno reconsideren su postura, porque no están las empresas y vecinos del municipio como para que, con sus impuestos, se haga frente a las salidas de tono del alcalde. Hemos requerido toda la documentación del expediente y el próximo pleno solicitaremos, formalmente, la revocación de ese acuerdo que nos resulta indecente”
